La naturaleza no responde a los tiempos de la burocracia ni se somete a las conveniencias de la pauta política. Frente a la inminente llegada del fenómeno climático "El Niño" —el cual ostenta ya un alarmante 90% de probabilidad de registrarse en nuestro país con lluvias torrenciales y extraordinarias que no se han visto en años— las alarmas institucionales se han encendido en la región del Litoral. Las administraciones gubernamentales de Santa Fe, Corrientes y diversos sectores de Entre Ríos se encuentran coordinando tareas urgentes de prevención. En ingeniería vial hay una regla básica e ineludible ante las grandes precipitaciones: los caminos deben estar perfectamente abovedados, las cunetas limpias, las alcantarillas desobstruidas y los desagües en óptimas condiciones para garantizar que el agua escurra con la mayor velocidad posible y evitar el colapso.

Sin embargo, a la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos parece no haberle llegado la notificación de la emergencia.

A la fecha, el abandono de la red caminera rural es alarmante. Si bien es de nobleza reconocer que existen tramos específicos donde se han ejecutado tareas paliativas para permitir una circulación básica, estamos penosamente lejos de alcanzar las condiciones óptimas necesarias para afrontar el desastre climático que se avecina. Se van a cumplir tres años de reclamos comunitarios ininterrumpidos y la respuesta oficial sigue siendo la misma: la nada misma. En la Zonal IV de Villaguay, el Jefe Zonal no solo opta por no contestar el teléfono a los vecinos, sino que manifiesta ofensa y recelo cuando la ciudadanía le reclama lo que por estricta responsabilidad pública no hace. Asistimos a una gestión de espaldas a la gente, un preocupante feudo político donde los cargos de designación digital parecen gozar de total impunidad, sin importar el color partidario.

Los contribuyentes del sector privado, quienes sostenemos con un esfuerzo impositivo asfixiante una estructura estatal que solo genera gastos, somos paradójicamente los más cuestionados, criticados e insultados cuando exigimos nuestros derechos mínimos. Ser funcionario público alguna vez fue sinónimo de honorabilidad; hoy, la degradación institucional y la sombra de la corrupción han privatizado el interés público y pulverizado ese respeto.

Las graves denuncias que pesan sobre la gestión vial
La inoperancia en los caminos no es un hecho aislado por falta de presupuesto, sino la consecuencia de un entramado administrativo gravemente cuestionado. En el ámbito judicial y administrativo provincial, ya existen presentaciones formales de personal jerárquico desplazado que describen un preocupante escenario de presuntas irregularidades dentro de la conducción de la Zonal.

Los vecinos asistimos a una realidad intolerable ante el silencio de la Justicia. Se han denunciado sistemáticos maltratos, persecución laboral y violencia de género hacia el personal técnico y operativo, amparados bajo supuestos "padrinazgos políticos" para garantizar la impunidad de los funcionarios de turno.

A esto se suman severas anomalías en los procedimientos de compras, presunto direccionamiento de licitaciones, desvío de recursos, uso indebido de vehículos oficiales para fines particulares y hasta la venta no registrada de bienes estatales en calidad de chatarra.

Las acusaciones detallan maniobras de extrema gravedad, como el presunto armado de "camas" vinculadas al robo de combustible con el único fin de hostigar o echar a empleados de carrera honestos que intentaban advertir los malos manejos contables. Quienes no se alinearon al complot o demostraron solidaridad sufrieron traslados exprés y despidos arbitrarios, provocando severos daños a la salud psicofísica de los trabajadores y dejando desamparadas a sus familias.

Ante este panorama de presunta corrupción y violencia institucional que la justicia local dilata en investigar, la indignación comunitaria es total. La política no puede seguir siendo el escudo de los incompetentes y los violentos.

Las preguntas que la sociedad civil exige responder
Los entrerrianos que vivimos, trabajamos y producimos en la zona rural no podemos seguir rehenes de las internas partidarias ni de directores viales que se desentienden de sus funciones a costa del aislamiento del pueblo. El abandono total no empezó con este gobierno, es estructural, pero es hoy cuando se deben rendir cuentas.

Frente a la inminencia del temporal y la parálisis del Estado, dejamos planteadas las siguientes preguntas urgentes a las máximas autoridades provinciales y a la Justicia:

¿Tendremos los caminos rurales en condiciones antes de la llegada de las grandes lluvias pronosticadas, o volveremos a quedar bajo el barro y el aislamiento?

¿El gobierno de Entre Ríos evitará que las personas que viven en la zona rural pierdan la vida ante una urgencia médica por no poder transitar y la justicia que hará al respecto?

¿Le importan al gobierno provincial realmente los entrerrianos que vivimos en la zona rural, que somos los mismos que mantenemos su estructura y los sueldos de todos sus funcionarios?

¿Hasta cuándo seguiremos soportando la soberbia, la corrupción, la falta de empatía y la alarmante falta de profesionalidad de los funcionarios de Vialidad?

¿Qué más debemos hacer los ciudadanos para que la Justicia controle, investigue y transparente la función de los administradores públicos que no hacen lo que deben hacer?

¿Debemos los entrerrianos del campo esperar a que cambie un gobernador o votar sistemáticamente a partidos distintos para tener el derecho básico de circular por nuestra provincia?

"Nuestra lucha por los caminos rurales terminará cuando estos estén en las condiciones que corresponden y sean mantenidos como corresponde".